El 22 de diciembre de 1997, un grupo de paramilitares asesinó a 45 indígenas. 19 eran niños y 19 más, mujeres. La masacre se vinculó a dos ataques contra el obispo Samuel Ruiz, algunos disturbios electorales, el desmantelamiento de los municipios autónomos zapatistas y la militarización de Chiapas. En 2013, se cumplen 16 años de la tragedia sin que haya quedado clarificada por completo.

Acteal-Cuartoscuro
(Foto: Cuartoscuro)

Redacción CMC

ANTECEDENTES

El conflicto en Chiapas inició con el levantamiento armado del 1 de enero de 1994, por parte del Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN. Dicho movimiento buscaba “el reconocimiento y respeto de los derechos indígenas” a través de la lucha armada. Ante la presión de la sociedad civil nacional e internacional, la guerra abierta cesó transcurridos 10 días con la firma de un pacto de no- agresión entre el grupo insurgente y el Estado.

Meses después, se celebraron varios diálogos por la paz que intentaban dar solución al problema, principalmente en San Miguel Ocosingo, San Cristóbal de las Casas y San Andrés Larrainzar. Entre tanto, el ejército mexicano implementó –por instancia del ejecutivo federal– una estrategia contrainsurgente denominada “guerra de baja intensidad”. Consistió en entrenar grupos armados al interior de las comunidades. Se trataba de paramilitares que amedrentaban a otras localidades, simulando pugnas intercomunitarias.

A partir de 1995, el Estado impulsó la creación de dichos grupos, quienes además acosaron a los simpatizantes del movimiento zapatista. La estrategia se implementó en el norte de Chiapas y en sitios como Palenque, Tila, Catazajá, Sabanilla, Chilón y Yajalón. Tras la creación del municipio autónomo de Polhó y el crecimiento de las filas zapatistas, la guerra llegó hasta Los Altos.

 

EPISODIO HISTÓRICO, VERGONZOSO Y FATÍDICO

En 1997, el conflicto político creció y los paramilitares comenzaron a reprimir duramente a aquéllos que no aceptaban sus principios. De igual manera, las disputas por la explotación de un paraje de arena entre priístas y zapatistas será la excusa perfecta para que dichos grupos incrementaran sus acciones violentas. Esto llevó al desplazamiento de más de 9,000 habitantes, quienes fueron reacomodados en campamentos para desplazados.  La reubicación no sólo significó una serie de amenazas para la población, o la presencia de militares a la entrada de las comunidades; lo más inquietante fue el despojo territorial de su patrimonio histórico, social y cultural.

 La culminación de la desgracia sucedió el 22 de diciembre del mismo año cuando un grupo de tsotsiles armados dispararon en contra de 45 integrantes del  grupo Las Abejas, quienes presenciaban una ceremonia religiosa. Entre ellos, se encontraban 18 mujeres adultas –incluyendo 5 embarazadas– 7 varones adultos, 16 mujeres menores de edad y 4 niños, además de 26 heridos, principalmente menores de edad, resultando varios con lesiones permanentes. La tragedia se conoció como la “masacre de Acteal”, comunidad en la que estaban refugiados tras el desplazamiento de los paramilitares.

Según testimonios de la comunidad, el ataque fue perpetrado por cerca de 90 personas. No obstante, a 200 metros del incidente, se ubicaba un puesto de operaciones mixtas (militares, judiciales y seguridad pública), lo que ha servido para justificar la responsabilidad directa del estado mexicano.

Tras esto, hubieron consecuencias políticas importantes como la renuncia del entonces Secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet –actualmente Secretario de Educación Pública– y el Gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, además de la aprehensión del presidente municipal de Chenalhó, Jacinto Arias, presunto culpable de proporcionar armamento para la acción.

 

SIN RESPONSABLES HASTA LA FECHA

En 2011, el ex presidente de México, Ernesto Zedillo, fue acusado en un tribunal federal de crímenes contra la humanidad por sobrevivientes de la masacre. Dos años después, a mediados de 2013, un juez de Connecticut, Estados Unidos, desechó el proceso judicial en su contra luego de negar las acusaciones y resaltar la inmunidad que posee como ex jefe de Estado.

Por si fuera poco, hace cinco meses la SCJN ordenó la liberación de los 69 acusados implicados en la matanza de Acteal como autores materiales.

Durante noviembre, el actual secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, entonces Secretario de Gobernación, fue increpado públicamente durante una conferencia en Madrid, señalándolo como autor intelectual de la “Masacre de indígenas. Acteal-México”.

Recientemente, el pasado 22 de diciembre se celebró una misa en Acteal acompañada de una peregrinación. Cientos de personas y organizaciones fueron invitadas por el grupo Las Abejas, incluyendo al ex preso político Alberto Patishtán y representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En este sentido, la incesante resistencia de la región enuncia constantemente un repudio sobre las relaciones asimétricas “que impulsa el gobierno mexicano en contra de las comunidades indígenas”.

 

(Con información de Las Abejas de Acteal, El Universal y Aristegui Noticias).

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